Unión Europea aprueba ley de inteligencia artificial
Este martes, la Unión Europea dio un paso significativo al aprobar definitivamente la ley de inteligencia artificial (IA), que se aplicará de forma progresiva hasta su completa implementación en 2026. Esta normativa tiene como objetivo regular el uso de la IA en función del riesgo que genera para las personas, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos.
Prohibiciones clave
Uno de los aspectos más destacados de la ley es la prohibición de sistemas de IA que crean o amplían bases de datos faciales captadas de manera indiscriminada, así como aquellos que puntúan a las personas según su comportamiento o características personales. Esto incluye sistemas de categorización biométrica basados en creencias políticas, religiosas, filosóficas, raza u orientación sexual.
A partir de noviembre, estos sistemas estarán prohibidos, aunque la normativa permite excepciones para las fuerzas de seguridad, que podrán utilizar cámaras de identificación biométrica con autorización judicial para prevenir amenazas terroristas inminentes. Este punto fue uno de los más polémicos durante las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, que argumentaron la necesidad de estos usos para garantizar la seguridad nacional.
Transparencia y derechos de autor
En un año, entrarán en vigor los criterios de transparencia que deberán cumplir los sistemas de inteligencia artificial generativa, en pleno auge de programas como ChatGPT. Estos modelos deberán indicar claramente si un texto, canción o fotografía se ha generado mediante IA y garantizar que los datos utilizados respetan los derechos de autor.
La normativa permite o prohíbe el uso de la IA en función del riesgo que supone para las personas. Se identifican sistemas de alto riesgo que solo podrán ser utilizados si se demuestra que respetan los derechos fundamentales, como aquellos que pueden influir en el resultado de unas elecciones o los que utilizan las entidades financieras para evaluar la solvencia y establecer la calificación crediticia.
Las sanciones para quienes incumplan la normativa son severas, con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros (37.6 millones de dólares) o el 7% del volumen global de negocio de las empresas, y hasta 7.5 millones de euros (8 millones de dólares) o el 1.5% del volumen global de negocio.
El secretario de Estado de Digitalización de Bélgica, Mathieu Michel, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la Unión Europea, calificó la aprobación de la ley como un «momento histórico». La ley representa un esfuerzo por equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos humanos y la seguridad, marcando un hito en la regulación de la inteligencia artificial a nivel global.