La promesa presidencial: el juramento que guía a México
El juramento de guardar la Constitución y leyes de México es una responsabilidad clave para el o la presidenta, que promete velar por el bienestar nacional.
En el acto solemne que marca el inicio de una nueva administración presidencial en México, la jefa de Estado, al asumir su cargo, realiza un juramento que simboliza no solo la transferencia del poder, sino un compromiso sagrado con la Constitución y el pueblo mexicano. Las palabras: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, encierran la esencia de la responsabilidad política y ética del o la mandataria.
Este juramento, recogido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases legales y morales para el ejercicio del poder presidencial. Es un recordatorio constante de que la autoridad conferida por la ciudadanía no es un privilegio personal, sino una obligación de servicio público. El compromiso de «guardar y hacer guardar» la Constitución significa, en primer lugar, respetar el estado de derecho y asegurar que las instituciones se mantengan dentro de los límites establecidos por las leyes.
El enfoque en el «bien y prosperidad de la unión» refleja una visión de Estado que debe ir más allá de los intereses particulares o de partido. La presidenta está llamada a velar por el bienestar común, guiando al país hacia el progreso y la estabilidad. Además, el juramento es también un acto de humildad, pues al afirmar «si así no lo hiciere, que la nación me lo demande», se reconoce la responsabilidad ante la ciudadanía y la posibilidad de ser cuestionada por su gestión.
La frase final del juramento también tiene profundas implicaciones democráticas. En ella, se cristaliza la idea de que el poder emana del pueblo y que este tiene el derecho y el deber de exigir rendición de cuentas. La historia de México ha demostrado que la ciudadanía ha sido un actor fundamental en los momentos clave de la nación, y este fragmento del juramento subraya esa relación de corresponsabilidad.
El cumplimiento de este juramento es crucial para el funcionamiento democrático del país. Una presidenta comprometida con la Constitución garantiza que los derechos y libertades de los ciudadanos sean respetados, mientras que la corrupción y el abuso de poder se combaten desde la propia figura presidencial. En un contexto de creciente demanda por transparencia y justicia, el papel de la mandataria como garante del Estado de derecho adquiere aún mayor relevancia.
Finalmente, el juramento presidencial es más que una mera formalidad protocolaria. Es un pacto de confianza entre la líder del Ejecutivo y la nación entera. Su cumplimiento será evaluado por cada acción y decisión tomada durante el mandato, y su fracaso puede significar la pérdida de credibilidad y legitimidad del gobierno.