Gobernadora de Morelos ordena medidas estrictas contra corrupción en penales
La gobernadora Margarita González Savia anuncia una serie de acciones para erradicar la corrupción en los Centros de Reinserción Social, garantizando los derechos de las PPL.
En un esfuerzo por combatir la corrupción dentro de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) en el estado de Morelos, la gobernadora Margarita González Savia ha ordenado la implementación de medidas estrictas que buscan garantizar el respeto a los derechos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL). Durante una conferencia de prensa, la mandataria subrayó la importancia de erradicar las prácticas corruptas que afectan tanto a los internos como a sus familiares.
Entre las principales decisiones, González Savia solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, que supervise la ejecución de estas reformas. Urrutia, por su parte, anunció la destitución inmediata del director de los centros penitenciarios estatales, así como la renuncia de la directora del Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya, en respuesta a las recientes denuncias de irregularidades en la administración.
Como parte de las nuevas medidas, se implementará un sistema de registro de visitas mediante huella dactilar. Este sistema tiene como objetivo poner fin a los cobros indebidos que se han reportado, los cuales afectaban económicamente a los familiares de las personas recluidas. Se espera que el nuevo sistema transparente los procesos de acceso a los centros penitenciarios, minimizando las oportunidades de extorsión o corrupción.
La gobernadora afirmó que estas reformas no solo buscan mejorar las condiciones dentro de los CERESOS, sino también restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia del estado. «No podemos permitir que aquellos que ya están pagando por sus errores sean víctimas de nuevas injusticias dentro de los centros penitenciarios», enfatizó González Savia.
El secretario Urrutia también destacó que, además de las medidas administrativas, se fortalecerá la capacitación del personal penitenciario para fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y profesionalización en su labor. Asimismo, aseguró que habrá un monitoreo constante para detectar posibles irregularidades y actuar de manera inmediata en caso de ser necesario.
Este anuncio llega en un momento clave, cuando la presión social por mejorar el sistema penitenciario ha ido en aumento. Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido desde hace tiempo reformas que pongan fin a la corrupción y los malos tratos dentro de los CERESOS, y estas acciones parecen ser un primer paso en esa dirección.
Las familias de las personas privadas de su libertad han recibido la noticia con optimismo cauteloso, esperando que estas medidas realmente marquen una diferencia tangible en sus vidas y en las de sus seres queridos. Aún queda por ver si las reformas logran cambiar la arraigada cultura de corrupción dentro de los centros de reclusión, pero el gobierno estatal se ha comprometido a dar seguimiento estricto a las nuevas normativas.