Crisis por desapariciones enfrenta a Sheinbaum con la ONU
El Comité de la ONU activa mecanismo inédito ante desapariciones forzadas en México, mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum rechaza toda responsabilidad estatal.
La crisis por las desapariciones forzadas en México ha escalado a una confrontación directa entre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz de una investigación sin precedentes que podría llevar al país ante la Asamblea General del organismo internacional.
El detonante de este choque ocurrió a inicios de marzo, cuando fue descubierto el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un sitio que evidenció los brutales métodos de organizaciones delictivas para desaparecer personas. El hallazgo, realizado gracias a los esfuerzos de familiares de víctimas —quienes ante la inacción del Estado han formado brigadas de búsqueda— reactivó el debate público sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la crisis humanitaria.
Una investigación inédita
El 5 de abril, el presidente del CED, Olivier De Frouville, anunció que el organismo activaría el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta disposición permite una investigación en territorio nacional cuando existen «fundamentos razonables» para creer que las desapariciones forzadas se cometen de forma generalizada o sistemática.
Es la primera vez que este mecanismo se activa para México, lo cual representa un hecho sin precedentes. El procedimiento podría escalar el caso hasta la Asamblea General de la ONU, sentando un precedente en la rendición de cuentas internacional.
Negación oficial
En respuesta, la presidenta Sheinbaum desestimó la acusación. “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”, afirmó, atribuyendo los casos actuales a la delincuencia organizada. Para la mandataria, la violencia institucional quedó atrás con los gobiernos anteriores, particularmente los de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), señalados por impulsar una política de seguridad militarizada que, según organismos de derechos humanos, exacerbó la violencia.
Sheinbaum incluso anunció el envío de una nota diplomática a Naciones Unidas, manifestando su inconformidad por la decisión del CED, a la cual calificó de «desinformada».
Reacción del aparato oficialista
Desde el Congreso, la reacción fue aún más virulenta. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, acusó al CED de actuar con “mala fe” y de forma “injerencista”. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, retó públicamente a De Frouville a presentar “un solo caso” de desaparición forzada atribuible al Estado mexicano.
El Senado incluso aprobó un «extrañamiento» formal contra el funcionario de la ONU, decisión que fue duramente criticada por colectivos de víctimas y organizaciones civiles.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, también defendió al gobierno federal. Alegó que el pronunciamiento del CED estaba “descontextualizado” y que las desapariciones actuales no podían ser catalogadas como responsabilidad del Estado.
En la misma línea, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que “no hay una cifra real” de personas desaparecidas y negó que exista una investigación en curso de la ONU. “El Gobierno mexicano rechaza tajantemente cualquier acusación que se haga de desaparición forzada”, enfatizó.
Las voces de las víctimas
En contraste, los colectivos de familiares celebraron la decisión del CED como un paso necesario frente a la falta de respuesta estatal. La Glorieta de las y los Desaparecidos, símbolo nacional de la lucha contra la impunidad, expresó su respaldo al organismo internacional y condenó el rechazo del Senado.
«Reconocemos el trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y su voluntad de apoyar a las familias de las personas desaparecidas en México. Lamentamos la falta de voluntad real del Estado mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones», expresaron en un comunicado.
Organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Prodh también se han pronunciado a favor del procedimiento activado por el CED, insistiendo en que la crisis de desapariciones en México persiste y que la impunidad, en muchos casos, tiene raíces estatales.
Un conflicto que trasciende fronteras
La confrontación entre el Gobierno de Sheinbaum y el CED llega en un momento crucial para el país, que enfrenta una cifra oficial superior a las 100 mil personas desaparecidas, aunque colectivos denuncian que la cifra real podría ser mucho mayor.
La disputa pone en evidencia la distancia entre la narrativa oficial y la percepción tanto de la sociedad civil como de organismos internacionales. Mientras el Gobierno insiste en desligarse del fenómeno de las desapariciones forzadas, el Comité de la ONU plantea una intervención sin precedentes que podría redefinir la relación de México con los sistemas internacionales de derechos humanos.
El futuro de esta crisis está en manos de la diplomacia internacional y de una sociedad civil que se niega a guardar silencio. El mundo observa. Y las víctimas siguen esperando justicia.